“¿Y ahora qué va a pasar con la industria del cannabis en Colombia?”. Esta pregunta me la han hecho en repetidas ocasiones desde que iniciaron las campañas presidenciales y de elección popular en Colombia. Y la verdad es que aún no tengo la respuesta y a lo mejor este escrito lo hago desde la fe y mis proyecciones estén nublada por una emoción que desde hace 5 años sigue intacta (aunque debo admitir que ha flaqueado bastante).
Pues bien, para contextualizar muy superficialmente las más recientes iniciativas que surgieron en el poder legislativo en Colombia, debo decir que el pasado no fue un gran periodo para el cannabis pues, aunque se tramitaron varios proyectos de Ley en torno a la regulación del mismo, en especial sobre el uso adulto, solamente se sancionó la Ley que regula el cáñamo industrial.
Después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro político de Colombia, el pasado 07 de agosto se posicionó un presidente que desde el inicio de su campaña manifestó su intención de regular las drogas en Colombia y quien, con vehemencia, en su discurso presidencial repudió la fallida política de drogas que ha generado más muertes que beneficios.
Recordemos que este es el primer gobierno de izquierda que se sube al poder después de muchos años de liderazgo por parte de los partidos tradicionales del país, y esto ha generado aún más la pregunta de: ¿y será que esto va a beneficiar a la industria del cannabis? Acá no obtendrán esa respuesta, sin embargo, es interesante analizar el perfil del nuevo presidente Gustavo Petro, quien es un economista de 62 años que ha tenido como pilares fundamentales de su política económica y agraria, el desarrollo del campo y la industria del cannabis.
Dado lo anterior, es de resaltar que este es un punto a favor para la industria y una oportunidad para Colombia de abrir sus proyecciones de negocios y exportaciones, dado que, adicional a una nueva voluntad política de regular, Colombia tiene una gran ventaja de calidad en sus plantas por sus suelos, climas y conocimientos ancestrales, y es por eso que desde siempre se ha enmarcado dentro de los países con mayores condiciones para tener certificaciones de calidad y productos competitivos.
“El tema de la marihuana me parece una estupidez mantenerlo en la clandestinidad”, indicó el actual presidente en una de sus entrevistas a la Revista Semana”. Seguido de ello indicó que “si Colombia no se pone pilas va a perder el negocio”. En estas palabras junto con muchas otras se ha demostrado una posición clara a favor de la legalización y el impulso a las exportaciones teniendo entre sus planes con el cannabis, la implementación de modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas derivados de las hojas de coca y del cannabis.
Y como él, la vicepresidente Francia Márquez está de igual forma a favor de la legalización, quien propuso en un hilo de Twitter el cambio de rumbo en la política de drogas para Colombia, adicionalmente, enfatizó que “el prohibicionismo dañó el medioambiente, benefició a políticos inescrupulosos y a los carteles de la mafia”.
En este punto me atrevo a afirmar que los pilares de fortalecimiento del agro, la apuesta por la paz y el apoyo al desarrollo de la industria del cannabis de este nuevo gobierno podrán ser positivos tanto para la industria del cannabis medicinal e industrial, como para la investigación y el respeto por los diferentes usos de esta planta, cuya persecución y estigmatización solo ha generado pobreza y muerte.
Para conseguirlo, son primordiales los espacios de comunicación entre el gobierno y los usuarios, entre el gobierno y los empresarios y, especialmente, entre los empresarios y los usuarios. Pues estas nuevas políticas que se avecinan para Colombia deberán contar con un enfoque holístico y realista; un enfoque aterrizado que no dé cabida a la especulación ni al pánico.
Esperamos de igual forma que el compromiso por parte del actual gobierno y Congreso venga acompañado de políticas que garanticen el desarrollo de los fines de las leyes que se gesten en este nuevo periodo legislativo, pues no solo se debe reglamentar el acceso al cannabis sino también garantizar que este acceso sea real tanto para los usuarios como para los empresarios. Debe ir de la mano de educación para trabajar en el estigma y, especialmente, en el desarrollo de una nueva política de drogas que no castigue, sino que escuche y propenda por el apoyo a quienes tienen consumos problemáticos para que, por fin, después de tantos años de persecuciones y doble moral, la nación colombiana se pueda beneficiar de lo que tanto mal le ha causado.
Por último, aunque es innegable la emoción que se tiene por el desarrollo del mercado de uso adulto que hoy más que nunca se proyecta con fuertes posibilidades y no, como fue durante tanto tiempo, una simple y lejana ilusión, también es innegable que aún tenemos bastante trabajo para seguir impulsando el cannabis de uso medicinal, industrial y científico, pues no olvidemos que estos usos también cuentan con usuarios y empresarios que, después de 5 años, siguen luchando por tener acceso real tanto a los productos como a los diversos mercados.
En conclusión, serán vitales la comunicación, la disposición activa por parte de todas las ramas del poder en Colombia, un proceso de educación constante y una nación que esté dispuesta a renunciar a una política que nació desde el odio y le apueste activamente a una nueva política que piense desde el amor y respeto por las libertades.
Luisa María Patiño Marulanda
Abogada colombiana especializada en la reglamentación del cannabis en Colombia.
Earths Healing Colombia SAS